La sanidad pública española atraviesa una situación preocupante en lo que respecta a la atención bucodental. Actualmente, hay poco más de 1.200 dentistas en todo el sistema público para una población de 49 millones de personas. Esta cifra, calificada como “totalmente insuficiente” por las principales entidades profesionales del sector, refleja una carencia estructural que afecta de forma directa a la calidad y equidad de la atención sanitaria.
El acceso a los servicios odontológicos públicos es muy limitado. De hecho, solo un 3 % de la población acude a estos servicios, frente al 97 % que recurre a clínicas privadas, lo que evidencia una dependencia casi absoluta del sector privado. La explicación de este desequilibrio está, en gran parte, en la inversión: mientras que el gasto público en salud bucodental ronda los 74 millones de euros anuales, el gasto privado supera los 3.600 millones, alcanzando los 8.000 millones si se incluyen implantes y prótesis. Esta desproporción convierte a la atención dental en un bien de mercado más que en un derecho accesible.
El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro, ha advertido de la gravedad del problema. Según sus declaraciones, cada dentista público atiende a entre 30.000 y 50.000 personas, lo que hace imposible ofrecer un servicio de calidad y continuidad. Además, España se sitúa muy por debajo de la media europea en gasto sanitario destinado a salud bucodental: un 2 % frente al 31 % de otros países del entorno. Esto tiene consecuencias directas sobre la población: el 12 % declara tener necesidades dentales no cubiertas, el doble que la media en la Unión Europea.
En la actualidad, la cartera de servicios públicos incluye solo tratamientos básicos como empastes, extracciones o control de infecciones, y está limitada a ciertos grupos prioritarios: niños de corta edad, embarazadas, personas con discapacidad o pacientes oncológicos. Sin embargo, muchos usuarios desconocen estos servicios debido a la falta de campañas informativas y a la disparidad entre comunidades autónomas. La mayoría de los tratamientos más demandados —limpiezas, ortodoncia, prótesis— deben costearse de forma privada.
El sector reclama una reforma estructural que incluya el aumento del número de dentistas en la red pública, una mayor financiación y un enfoque basado en la prevención. Organizaciones como el Consejo General de Dentistas y el sindicato CSIF han pedido al Gobierno que eleve la plantilla pública hasta al menos 2.500 profesionales y promueva un cambio de modelo que garantice el acceso universal a una atención bucodental digna. La brecha actual entre quienes pueden pagar y quienes no es, en última instancia, una forma de desigualdad en salud que España no puede seguir permitiendo.
