En los últimos años están proliferando las empresas que utilizan internet y las redes sociales para vender todo tipo de productos sanitarios y medicamentos sin supervisión de profesionales sanitarios.
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) inició una querella contra una empresa de ofrece tratamientos de ortodoncia por internet, una práctica que se ha multiplicado en los últimos años, y sin fiscalización.
El ente, ante la realidad y crecimiento de estas empresas, abrió una investigación para determinar si se cumplen las garantías básicas para los pacientes, la normativa de productos sanitarios y si los tratamientos tienen la perceptiva intervención de un dentista colegiado.
Se trata generalmente de tratamientos de ortodoncia invisible, concretamente alineadores, a través de medios electrónicos.
La denuncia que interpuso el COEM ante los Juzgados de Instrucción de Madrid es contra una de esas empresas investigada, que publicitaba por internet tratamientos para el alineamiento de los dientes que se podían adquirir sin que mediara la supervisión/revisión de un dentista.
La empresa enviaba al interesado las cubetas y el alginato para que fuera él mismo el que se tomara las impresiones. Posteriormente, el paciente, sin supervisión ni intervención de un profesional, recibía el kit de alineadores en su domicilio.
En caso de ser necesario hacer un stripping al paciente, la empresa le remitía una segueta para que se lo pudiera realizar él mismo, con el consiguiente y elevado riesgo que esto supone para su salud.
En un comunicado, el COEM insiste en que “resulta indispensable acudir a una clínica dental, con odontólogos colegiados, para realizar cualquier tipo de tratamiento, pues solo de esta manera, el paciente contará con todas las garantías de seguridad, evitando posibles riesgos para su salud”.
Esta empresa podría haber incurrido en delitos contra la salud pública e intrusismo, de ahí que lo haya puesto en manos de la Justicia penal, siendo previsible que el Juzgado de Instrucción que conoce el asunto, lo remita a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), para tomar las decisiones administrativas que correspondan.
