El Parlament votó ayer la tramitación de una ley para ampliar la cartera de servicios dentales que cubre la sanidad pública. La ley ha sido impulsada por Catalunya en comú, busca dar prioridad a un programa de atención dental infantil (PADI) y brindar una cobertura mayor a los segmentos de población vulnerables.
La diputada de Catalunya en comú Marta Ribas declaró “En Cataluña tenemos colectivos de gente que no van al dentista porque no se lo pueden pagar. Hay muchas comunidades autónomas que han implantado programas de atención bucodental en niños y jóvenes, pero aquí vamos por detrás en eso y hay que ponerse al día. Es necesario, conveniente y viable desde el sistema público”, justificó la diputada.
Según la Encuesta de Salud Oral en España de 2015, entre un 9% y un 18% de los niños de 12 años presenta caries y el 12% de los catalanes admite no poder acceder a la asistencia dental por motivos económicos, siendo el principal condicionante a la hora de acceder a la atención odontológica.
El coste de viabilidad de esta norma se fijaría según cálculos de los comunes, en unos 45 millones de euros aproximadamente.
La cartera de servicios dental es asumidos por la sanidad pública es limitada y excluye tratamientos como ortodoncias, implantes, tratamientos estético-dentales, etc y los profesionales contratados son escasos. Ribas declaró que “lo que la gente está recibiendo son solo extracciones”, señaló.
La propuesta que hacen los comunes es incorporar un PADI que regule visitas anuales, cubra tratamiento de caries y especiales como malformaciones. También defiende dar mayor cobertura a población vulnerable, especialmente los que tienen ingresos inferiores a la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Esta medida de Catalunya en comú viene a seguir los pasos del servicio de dentista municipal aprobado en Barcelona por el gobierno de Ada Colau.
La diferencia principal entre ambas medidas es que el Consistorio pudo reducir el coste de los tratamientos, pero no ampliar la cartera de servicios mientras que la norma de los comunes sí amplía la cartera.
La aprobación definitiva de la ley debe superar un periplo parlamentario que puede durar meses.
