Un protésico dental fue condenado por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Huelva por un delito de intrusismo profesional, cometido entre 2017 y 2018.

El juez le impuso una pena de multa de doce meses con una cuota diaria de seis euros (2.190 euros), responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas, además del abono anticipado que realizó de la indemnización a la única perjudicada que reclamó.

Según la sentencia, el acusado actuaba como responsable de un establecimiento anunciado como Laboratorio Consultorio Protésico-Dental.

Allí realizó actividades propias de los dentistas sin tener la titulación ni la cualificación necesarias para ello, como exploración, confección de historia clínica, toma de medida de las prótesis, colocación de las prótesis, adaptación del montaje profesional, pruebas en boca, adaptaciones de las prótesis, revisiones y perfeccionamiento de los ajustes, comentó el Consejo General de Dentistas en un comunicado.

En el tiempo que estuvo activo, el acusado atendió, al menos, a 13 personas.

En el proceso judicial se determinó que las actividades llevadas a cabo por el acusado son contrarias a la Ley 10/1986 de 17 de marzo que regula las profesiones de odontólogo, protésico dental e higienista dental y al Real Decreto 1584/1994 de 15 de julio que desarrolla dicha Ley.

“Para el desarrollo de tales actividades, el establecimiento del acusado estaba dotado de un sillón dental y de materiales propios de una consulta dental tales como alginato y cubetas de impresión”, recalcó el ente colegial.

Además, el acusado utilizaba prescripciones de las prótesis correspondientes emitidas de forma telemática y sin ver al paciente por un odontólogo, encargándose el acusado de todas las operaciones manuales de intervención directa en la boca de los pacientes sin supervisión de ningún odontólogo.

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